El país de Don Porfirio*

Por Jimena Vergara

 * Este artículo fue publicado en su versión definitiva en el libro México en llamas (1910-1917). Interpretaciones marxistas de la revolución editado por Armas de la Crítica en 2010.

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Introducción

Las relaciones entre unas naciones y otras dependen de la extensión en que cada una de ellas haya desarrollado sus fuerzas productivas., la división del trabajo y el intercambio interior. Este es un hecho generalmente reconocido.

Karl Marx[i]

 

En el presente capítulo esbozamos en forma sucinta la evolución de la sociedad mexicana durante el porfiriato y sus fuerzas intrínsecas, desmenuzando así las particularidades históricas del capitalismo nativo y las características de su atraso respecto a los países de desarrollo capitalista avanzado. Nuestra pretensión no es suplir las elaboraciones que existen en la historiografía a propósito del desarrollo socio económico de México, sino nutrirnos de ellas para dar un panorama general de aquellos rasgos fundamentales que tejieron el entramado económico y social que posibilitó el estallido del proceso revolucionario de 1910.

Es nuestra intención comprender las bases estructurales que permitieron que  las masas explotadas del México profundo – parafraseando a Bonfil Batalla – tomaran el cielo por asalto y develaran con su acción, las grandes contradicciones sociales acumuladas durante las décadas previas. Estas contradicciones fueron consecuencia de las modificaciones económicas que acontecieron durante el porfiriato y dieron forma a las clases fundamentales que protagonizaron el gran levantamiento del México campesino.

Las situaciones que vamos a describir pertenecen a un pasado que para algunos puede antojarse remoto. Aún así las características fundamentales que ha adquirido en el devenir histórico la formación del capitalismo semicolonial mexicano parecen preservarse. A cien años del estallido de la gran guerra campesina de 1910, en México se mantienen la subordinación económica al imperialismo, la expoliación de nuestras materias primas y recursos naturales, el despojo de tierras a manos de los grandes propietarios y ahora los agro business, la inclemente deuda externa, la super explotación del grueso de los asalariados y la rapiña imperialista sobre nuestros recursos como el petróleo y sobre nuestros insumos, como la electricidad.

Como planteaba León Trotsky, “Las clases oprimidas crean la historia en las fábricas, en los cuarteles, en los campos, en las calles de la ciudad. Mas no acostumbran a ponerla por escrito”[iii]. Esta es una pequeña aportación para abonar al relato de esa historia que consideramos comienza por entender por qué, para el año de 1910, los explotadores nacionales y extranjeros que succionaban – y siguen succionando – toda la savia de este expoliado territorio, sintieron temblar el suelo sobre el cual habían puesto en pie haciendas, fábricas, ingenios y minas con el sudor de los eternos desposeídos de este país.

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La conquista española significó un enorme salto en la expansión económica de Occidente y la configuración del mundo colonial en América, que se sostuvo durante tres siglos. El Orbe indiano -como lo llama David. A. Brading – evolucionó subordinado al largo curso declinante que surcó el imperio español, bajo la égida de la cohesión ideológica que se articuló en base a la fe católica y el centralismo político y económico de la metrópoli que garantizó “unidad administrativa”[iv]. Esta evolución, diferenciada al extremo de aquella que registraron las colonias inglesas y francesas, tuvo como consecuencia la emergencia de una sociedad plagada de tensiones sociales: entre los encomenderos y la Corona, entre criollos y peninsulares, entre indios, mestizos, negros y mulatos.

Como se verifica en la historiografía, durante el régimen de la casa de Austria, las instituciones coloniales siguieron los dictámenes de un centralismo cada vez más acusado. René Barbosa Ramírez describe este periodo de la siguiente forma:

Unidad de la fe – religión católica -, justificación de la dominación ejercida sobre las colonias, basándose en los “justos títulos”; la integración de América en la Corona castellana de la que no puede separarse; la condición teórica de los indígenas, la condición del reino de la Nueva España, todo esto constituye las principios directores de la concepción sobre las Indias[v].

El colonialismo español en el territorio denominado actualmente como Mesoamérica y a diferencia de otros en distintas latitudes del planeta, no liquidó a los habitantes originarios (a pesar de las violentas masacres que se registran en las crónicas) sino que los alienó a la sociedad colonial naciente para volverlos súbditos del rey. Las formas de organización indígena fueron aniquiladas en su esencia, pero preservadas en algunos de sus rasgos para que guardasen su funcionalidad bajo la dominación de un nuevo régimen político y económico:

Las sociedades indígenas (…) se verán sometidas a un desplazamiento en su funcionalidad al interior de un sistema que lentamente hace emerger rasgos particulares. Durante las tres últimas décadas del siglo XVI se desprende un modo específico de dominación de las “nuevas actividades” sobre las “antiguas”, hay una subordinación de estas últimas a través de la regulación autoritaria del mercado de trabajo.

Las profundas transformaciones en las formas de propiedad se cristalizaron en la unidad productiva por excelencia de la colonia: la gran hacienda. La sociedad novohispana fue, sobre todo, una sociedad agrícola que introdujo algunas ramas productivas de gran importancia como la minería. Si las primeras décadas de la dominación colonial se caracterizaron por la expoliación de los pueblos originarios a través del tributo, ya en las postrimerías del siglo XVI y durante el siglo XVII, la economía novohispana logró cierta estabilidad en el terreno de la producción.

Por una parte, la explotación minera y la agricultura descansaban en la explotación extensiva de la fuerza de trabajo, donde primó un nulo desarrollo tecnológico e industrial. En las pequeñas concentraciones de carácter relativamente más urbano, los talleres artesanales, los obrajes y las corporaciones eran minoritarios y siguió pesando el trabajo artesanal tradicional de los indígenas. Esta tensión entre lo nuevo y lo viejo se mantuvo en el tiempo. La Nueva España se vio sometida en forma constante a las necesidades de la monarquía española que sin embargo, no pudo operar ni garantizar el usufructo necesario de sus colonias sino era a través de respetar, hasta cierto punto, el estado de cosas que le precedía.

Fue hasta el último cuarto del siglo XVIII que la presión de las otras potencias coloniales, la situación económica europea y los conflictos internos empujaron a la monarquía a replantear las relaciones metrópoli-colonia. En 1767 se publicó el decreto monárquico de expulsión a todos los jesuitas del territorio, lo que generó una importante respuesta popular a la política colonial, con alzamientos generalizados en estados como Guanajuato o San Luis Potosí. Como plantea David Brading al hacer una analogía con la década de 1560:

En ambas ocasiones, la Corona envió visitadores y virreyes a fortalecer el poder del Estado colonial en tal forma que se obtuviese el mayor rendimiento de sus posesiones de ultramar. Si la capacidad de Felipe II para entablar una guerra en Europa dependió del envío de la plata peruana procurada por las medidas de Francisco de Toledo, asimismo el recién recobrado poder de Carlos III en el concierto europeo se derivó del auge de la producción mexicana de la plata, organizada por José de Gálvez[vi].

La agenda de Carlos III a través del visitador José de Gálvez tenía los objetivos de imponer una nueva economía de mercado, disminuir el poder de los criollos sobre la administración de los recursos, implementar un ejército regular que enfrentara la creciente convulsión social e invertir en las ramas industriales que permitieran una mayor expoliación de los recursos manufacturados en la colonia.

De conjunto, el plan de fortalecimiento colonial, pretendía endurecer las cadenas de la Nueva España en tanto tributaria sin intermediarios de las necesidades de la Corona. Bajo esta lógica, las formas políticas borbónicas intentaban construir una casta de administradores incondicionales que disminuyera el poder que habían adquirido las alcaldías mayores -muchas en manos de los criollos- y facilitara el tránsito de riqueza referenciada en materias primas, tributo y mayores cargas impositivas para España.

El despotismo ilustrado, que implicaba la modernización de las relaciones de producción pero a la vez acotaba las posibilidades del desarrollo económico de la colonia, fue la última gran medida estratégica de la monarquía española. Durante la dominación colonial, muchos fueron los alzamientos indígenas contenidos por el yugo de la nueva fe o por el aplastamiento militar. La organización social del trabajo agrícola se mantuvo relativamente estable durante el paso de los siglos y el régimen colonial, preservó a la gran hacienda como unidad productiva, legalizando el despojo de los pueblos originarios como forma de acaparamiento.  En el siglo XIX los antagonismos entre los distintos sectores sociales que poblaban la Nueva España se exacerbaron hasta convertirse en una verdadera guerra de independencia.

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Adolfo Gilly plantea en su libro La revolución interrumpida que la revolución de independencia fue dirigida por un ala jacobina representada en la figura de José María Morelos. Sin embargo, quienes quedaron en el poder fueron las alas más conservadoras del proceso. La expulsión de los españoles de México no significó un cambio sustancial en las relaciones sociales y la tierra le fue negada a las masas indígenas y campesinas; el gran acaparador de tierra a la salida de la guerra fue la Iglesia católica.

Durante la revolución de Ayutla comenzaron a delinearse los contornos del México moderno y sus clases fundamentales. La ley de desamortización promulgada en 1856 por los liberales, prohibió a la Iglesia poseer tierras que no le fueran fundamentales para su subsistencia y la puso a disposición en venta a los arrendatarios. México entró a la guerra de reforma que enfrentó a conservadores y liberales, los primeros con el apoyo del Vaticano y Francia que lograron imponer a Maximiliano de Hasburgo durante un periodo acotado de tiempo. El autor de La revolución interrumpida dice al respecto:

Como en toda lucha de su periodo de ascenso, la apenas naciente burguesía mexicana tuvo que recurrir al apoyo de las masas y a los métodos jacobinos para barrer las instituciones y estructuras heredadas de la Colonia que impedían su desarrollo. Marx definía al jacobinismo como el modo plebeyo de arreglo de cuentas con los enemigos feudales de la burguesía. La tendencia pequeño burguesa de Juárez, en la lucha contra el clero, los terratenientes y la invasión francesa, se apoyó en una guerra de masas, y en su curso dictó medidas aún más drásticas, como la ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia en 1859. Ésta disponía la separación completa de la Iglesia del Estado, la secularización de todas las órdenes religiosas, la supresión de las congregaciones religiosas y la nacionalización de las propiedades rústicas y urbanas del clero[vii].

Las masas campesinas fueron las defraudadas con el radicalismo juarista. Muchas tierras comunales –en disposición a las mismas leyes– fueron fraccionadas y repartidas en pequeñas porciones a los campesinos desposeídos que, incapaces de hacerlas producir, las vendieron por precios bajísimos a los acaparadores. El latifundio, que permaneció durante los siglos en México como forma de acaparamiento y concentración de tierra, se fortaleció enormemente y dejó al campesinado pobre en el lugar  que le había correspondido durante siglos: el de peón o trabajador agrícola a merced de los grandes propietarios. Esta fue una gran operación de despojo que, sin embargo, no logró barrer con la propiedad comunal en muchas regiones del país, donde gran cantidad de pueblos permanecieron como propietarios de la tierra, cuestión de la que nos ocuparemos más adelante.

Se puede decir que el periodo que acabamos de describir constituye la primera fase del desarrollo capitalista en México donde se prepararon sus condiciones de reproducción, se resolvió la pelea por el dominio del aparato del Estado y se crearon los mecanismos de reproducción capitalista. A decir de Enrique Semo:

La revolución de 1854-1867 destruyó la mayor de todas las corporaciones económicas existentes: la Iglesia, despejando así el camino para la acumulación capitalista. Los bienes rurales y urbanos del clero, lanzados al mercado por la desamortización, contribuyeron en forma decisiva al fortalecimiento de la burguesía comercial y los terratenientes aburguesados. Se privó al Ejército de su papel determinante y se consolidó definitivamente la autoridad del Estado burgués terrateniente. Se derrotó un intento peligroso de transformar a México en colonia o protectorado de las potencias extranjeras[viii].

Con el advenimiento del régimen de Porfirio Díaz, esta situación se profundizó, en un contexto mucho más violento de transformaciones económicas y, durante el siglo transcurrido, quedó pendiente el problema de la tierra, pero latente en el imaginario y la realidad cotidiana de las masas rurales.

El capitalismo mexicano: génesis y dependencia

El porfiriato es el periodo de la invasión económica norteamericana.

James Morton Callahan[ix]

Durante el periodo que va desde la revolución de independencia hasta la restauración republicana, la inversión capitalista en México fue insignificante. Tanto en relación a su magnitud como a las implicaciones que tuvo en la economía mexicana y en la vida sociopolítica de aquel entonces. Si bien durante las décadas previas se establecieron las condiciones materiales para el desarrollo del capitalismo mexicano, fue a partir del ascenso de Porfirio Díaz al poder (1876-1911) que el desarrollo capitalista experimentó un salto de proporciones históricas.

Durante el porfiriato, cambió radicalmente la estructura económica y social bajo la influencia de las condiciones internacionales que prepararon el advenimiento de la fase imperialista del capitalismo. Coincidimos con los historiadores Ciro Cardoso y Francisco Hermosillo, en que el desarrollo económico de 1884 a 1906 observa dos fases. La primera, de 1884 a 1896, implicó la eliminación absoluta de las alcabalas, cambios en las instituciones relativos a la propiedad de la tierra, los yacimientos minerales y los recursos naturales y el surgimiento de una nueva forma de organización empresarial. La extinción de las alcabalas y la extensión territorial del ferrocarril tuvieron el objetivo de crear un fuerte mercado nacional.

En el terreno de la recaudación fiscal en esta primera fase, el gobierno puso énfasis en sanear las finanzas del estado, modificando de manera profunda el sistema hacendario para aumentar la recaudación y disminuir el gasto público. Pero sobre todo renegoció la deuda interna y externa para paliar la crisis económica que azotó al país entre 1891 y 1893. La transformación de las finanzas públicas y el endeudamiento del estado al ampliar la deuda externa fue parte del proyecto de industrialización porfiriana que posibilitó la emergencia de una industria más o menos fuerte en relación a lo que era y enormemente dinámica en relación al corto tiempo de su desarrollo.

La segunda fase de este periodo, motorizada por los cambios en la estructura económica y una masiva inversión de capitales, implicó el desarrollo sostenido de las principales ramas industriales y productivas y puede situarse entre los años de 1896 a 1906, previa a la primera crisis económica internacional del siglo XX.

Durante este segundo momento, Díaz abrió las puertas a la inversión extranjera y por esa vía, insertó a México en el concierto mundial, convirtiéndolo en un país subordinado a las nacientes potencias imperialistas, en particular la estadounidense,  que anexaba para sí vastos territorios en todo el globo. Jonathan C. Brown dice al respecto de la inversión norteamericana en México de fines del siglo XIX y principios del XX:

Los norteamericanos aportaron capital, materiales y técnica para desarrollar los modernos ferrocarriles que redujeron las montañosas barreras regionales del país, tanto tiempo infranqueables. Los norteamericanos llevaron calderas de vapor, trituradoras de mineral, bombas y altos hornos para resucitar la decrépita industria minera. Introdujeron obras sanitarias, plantas de energía y de luz, servicios telegráficos y sistemas de trolebús en las ciudades. Trajeron grúas y dragas para construir puertos modernos. Los extranjeros también adquirieron tierras, contribuyendo con nuevas técnicas y herramientas para expandir la producción mexicana de comestibles, productos tropicales y cáñamo[x].

Se estima que durante esta fase, los capitales extranjeros invertidos ascendieron a 3.4 mil millones de pesos. Las potencias económicas se especializaron y coparon distintos sectores de la industria mexicana (ver cuadro 1) y el peso específico de la inversión norteamericana siguió un curso ascendente.

En la industria petrolera, fueron las compañías norteamericanas las que se beneficiaron durante el porfiriato. La Waters-Pierce Oil company, asociada con la Standard Oil desarrolló la industria del crudo a través de la refinación de productos petroleros. Como plantea un análisis:

Asistida por la Standard Oil, la Waters Pierce construyó y operó refinerías en México. J.J. Finlay and Company, una subsidiaria de la Waters Pierce, llamada así por el cuñado de Pierce, operaba una refinería en la ciudad de México que se llamaba La Compañía del Petróleo. La Waters-Pierce comenzó a construir una segunda refinería en enero de 1887. Cada uno invirtió aproximadamente 60 mil dólares como participación en el negocio, pagando derechos sobre el crudo importado que procesaban y pretendiendo tener un “privilegio exclusivo” por parte del gobierno[i].

Con el desarrollo económico y el impulso del ferrocarril, la demanda de productos petrolíferos se intensificó –como los lubricantes, el queroseno o los combustibles-, agrandando las ganancias de este emporio capitalista[ii]. Pero con la bonanza económica vino la competencia y a partir de 1901, otros inversionistas norteamericanos y en particular, el capitalista británico Sir Weetman Pearson decidieron no quedarse a la saga de los beneficios de invertir en esta industria.

Edward Lawrence Doheny por ejemplo, de nacionalidad norteamericana, a partir de los primeros años de 1900, comenzó a construir su propio emporio: la Mexican Petroleum Company. La ventaja de Doheny sobre la Waters-Pierce consistió en  que, hasta ese entonces, la industria petrolera se basaba solo en la refinación de productos secundarios y no en la exploración de pozos profundos para la obtención de crudo y su explotación directa. Fue Doheny quien en 1904 accedió a las profundidades del subsuelo mexicano y puso a funcionar el pozo del Ébano, echando por tierra la creencia extendida de que en México solo se podía acceder al crudo superficial de los “lagos de chapopote” ya conocidos por los habitantes originarios.  Durante los primeros años del siglo XIX sería Doheny quien recibiría los beneficios del gobierno de Díaz, en detrimento relativo del trato preferencial que hasta ese momento había recibido la Waters- Pierce.

Pero, ulteriormente, las concesiones petroleras del gobierno encontraron su principal destinatario en Sir Weetman Pearson, abriendo la posibilidad al imperialismo británico de disputarle el monopolio petrolero a las compañías norteamericanas. Pearson era amigo íntimo de Porfirio Díaz y se convirtió en un importante operador político de los intereses británicos durante el porfiriato, de tal suerte que, en la Cámara de los Lores, se le conocía como “el miembro por México”[iii]. Una vez que Doheny había abierto el camino para la exploración de pozos en territorio nacional, Lord Cowdray – alias del antes citado Weetman Pearson-, emprendería su propia empresa petrolera, la Compañía Mexicana de Petróleo el Águila, estimulado por los beneficios de su relación personal con Díaz, en detrimento de los intereses norteamericanos.

Incluso mas allá de la afinidad de Porfirio Díaz con Lord Cowdray,  el gobierno propició conscientemente contrapesos entre las distintas potencias interesadas en invertir en México. Con la revolución en ciernes, el principal favorecido por el gobierno era el propio Cowdray, que inició un desarrollo exitoso a partir del año 1911 a pesar de que ya había estallado la revolución. De ahí que algunos historiadores, como el propio Jonathan C. Brown, plantean que esta es la cuestión de fondo por la cual, durante el año en que Madero ascendió al poder, los estadounidenses brindaron su apoyo político a Francisco I. Madero.

De igual modo en la industria eléctrica, se expresaron estas tensiones entre los intereses estadounidenses y británicos y la necesidad del gobierno de Díaz de establecer contrapesos y equilibrios en la relación de México con  las potencias económicas.  La industria de generación de electricidad permaneció bajo control mayoritariamente británico. Según datos aproximados de Miguel Wionczec, para 1910 es probable que el capital británico haya representado el 85 % de la inversión en este sector.

De conjunto, la inversión extranjera puso énfasis en insertarse en aquellas ramas ligadas a la exportación para favorecer los intereses de los grandes centros industriales y consumidores de materias primas:

Para 1910, del total estimado de dólares, 1 200 millones de la inversión extranjera, 750 correspondían a las industrias extractivas incluido el petróleo; 200 millones a los ferrocarriles que servían principalmente a la minería; 150 millones a la generación de energía eléctrica, también ligada estrechamente a las necesidades de la minería; y 100 millones restantes se invirtieron en la agricultura y ganadería de exportación[iv].

Esta inédita inversión de capitales tuvo un gran impacto en la capacidad de exportación, la generación de empleo, los ingresos fiscales, la construcción de infraestructura y la capacidad de producir y explotar recursos como el petróleo y la electricidad.

Durante este periodo, la producción minera registró un aumento notable sobre todo en la extracción de minerales industriales, con un incremento de 507% en la exportación. Si bien la minería fue un puntal de la economía colonial y la explotación del subsuelo se continuó durante el siglo xix, es en este momento que se modernizan las técnicas de explotación de materias primas, mediante la introducción de innovaciones tecnológicas y una colosal inversión que alcanzó un capital total de 281 millones de pesos en siete años.

En la generación de energía eléctrica, el capital extranjero invirtió –entre 1891 y 1900– una cantidad bruta de 75 millones de dólares para la instalación de plantas generadoras de energía. Para 1902 y 1906 eran cinco compañías británicas, estadounidenses y canadienses las que controlaban la industria mexicana de generación de energía, incluidas las hidroeléctricas. Las pequeñas plantas generadoras que antes eran propiedad de algunos mexicanos fueron absorbidas por las grandes compañías:

El papel de los mexicanos se vio paulatinamente reducido a proporcionar fuerza de trabajo para las plantas eléctricas, mercados para aquella parte de la producción que excedía las necesidades de las minas e industrias manufactureras controladas por los extranjeros y, en unos cuantos casos, a actuar como miembros de los consejos de administración de las empresas eléctricas[v].

Por su parte, la industria textil se había desarrollado de manera sostenida en los estados de Veracruz, Jalisco, Puebla, Querétaro y el Estado de México con 146 fábricas dispuestas por este joven corredor industrial. Junto a esto existía una industria siderúrgica y cementera de cierta importancia en estados como Monterrey y Puebla.

Todo este entramado industrial, que no era homogéneo sino que estaba disperso a lo largo y ancho de un país con 1 959 248 Km² de extensión territorial, requirió de la construcción de una enorme vía férrea que conectara el Norte, el Centro y el Sur del país. Como plantea Adolfo Gilly:

Hasta 1875, se habían construido 578 kilómetros de vías. Al final del gobierno de Porfirio Díaz, en 1910, la extensión de la red superaba los 20,000 kilómetros […] Es decir, los ferrocarriles nacionales, eje vital de la estructuración del aparato económico capitalista, se desarrollaron íntegramente durante el gobierno de Porfirio Díaz y su red estaba ya prácticamente concluida al estallar la revolución[vi].

De 1880 a 1910 la vía férrea creció de 1073 Km a 19 280 Km y la industria ferrocarrilera estuvo controlada centralmente por empresas estadounidenses y británicas, que recibieron subsidio del estado y se les otorgaron vastas extensiones de tierra. En su dimensión económica el ferrocarril cohesionaba a la nación, integrando una red ferroviaria que permitía el tránsito  de mercancías desde el desértico pero industrializado Norte hasta el selvático Sur. En su dimensión política, el ferrocarril le permitió al régimen encabezado por Porfirio Díaz tener el control del vasto territorio y la capacidad de desplazar rápidamente al ejército si se hacía indispensable, como de hecho ocurrió para acallar la heroica huelga de los trabajadores de Río Blanco.

Como se ve, para 1910, el capital extranjero se había apoderado de las ramas más dinámicas y estratégicas de la economía mexicana y el sistema hacendario había sido profundamente transformado para responder a esta nueva realidad[i]. Según José Luis Ceceña, para 1910 eran 170 sociedades anónimas las que controlaban la abrumadora mayoría de los ferrocarriles, la minería, la electricidad, el petróleo, la banca y la industria textil. Estas ramas industriales asistieron a un importante proceso de tecnificación con la incorporación de tecnologías de punta utilizadas en transportes, comunicaciones, minería e industria de la transformación. Mientras la inversión de capitales extranjeros y la importación de tecnología facilitaron la emergencia de importantes enclaves industriales en algunas zonas del país, el trabajo artesanal y las formas de explotación agrícola precapitalista permanecieron en el campo.

De conjunto, el periodo al que comúnmente se le denomina porfiriato tuvo en el terreno económico las siguientes características:

1)      Un crecimiento sin precedentes de las exportaciones.

2)      Un incremento masivo de las inversiones extranjeras que posibilitó un desarrollo económico subordinado a las potencias imperialistas, en particular a Estados Unidos.

3)      El fortalecimiento del mercado interno a través de la eliminación absoluta de las alcabalas y la construcción de una vía férrea de miles de kilómetros de extensión.

4)      Una profunda centralización de la economía a través de la administración directa del gobierno.

5)      El desarrollo de una nueva industria fabril manufacturera y textil.

6)      Una mayor monetarización de la economía con su correlato en un fortalecimiento de las finanzas y la banca.

José Yves Limantour, Secretario de Hacienda y uno de los principales ideólogos del porfiriato planteaba:

Por más que se exageren los inconvenientes de una situación que nos hace tributarios del extranjero […] careciendo, como carecemos, de los elementos de hombres y dinero suficientes para poner en expansión los innumerables recursos que yacen en nuestro suelo, no debemos desaprovechar esos elementos cuando se nos presentan, por el solo hecho de que vienen del extranjero. Muy al contrario: la suma de beneficios que deja en el país toda industria nueva o todo incremento de las industrias establecidas, contribuye a dar mayor bienestar a los que en él residen, sin distinción de clases ni de nacionalidades[ii].

Pero la asimilación de los avances técnicos, científicos y tecnológicos del capitalismo a la estructura social mexicana configuró profundas contradicciones y los beneficios no fueron repartidos “sin distinción de clases” como planteaba Limantour. La penetración capitalista, lejos de insertarse haciendo tabula rasa del pasado, incorporó para sí las formas económicas imperantes que prevalecieron durante todo el siglo xix, y que eran herencia de un pasado mucho más remoto, que transgredía los marcos de la propia colonización española. Y es que, como planteó León Trotsky en su Historia de la Revolución Rusa:

Los países atrasados se asimilan las conquistas materiales e ideológicas de las naciones avanzadas. Pero eso no significa que sigan a estas últimas servilmente, reproduciendo todas las etapas de su pasado. La teoría de la reiteración de los ciclos históricos –procedente de Vico y sus discípulos– se apoya en la observación de los ciclos de las viejas culturas precapitalistas y, en parte también, en las primeras experiencias del capitalismo. El carácter provincial y episódico de todo el proceso hacía que, efectivamente, se repitiesen hasta cierto punto las distintas fases de cultura en los nuevos núcleos humanos. Sin embargo, el capitalismo implica la superación de estas consideraciones. El capitalismo prepara y, hasta cierto punto, realiza la universalidad y permanencia en la evolución de la humanidad. Con esto se excluye ya la posibilidad de que se repitan las formas evolutivas en las diferentes naciones. Obligado a seguir a los países avanzados, el país atrasado no se ajusta en su desarrollo a la concatenación de las etapas sucesivas. El privilegio de los países históricamente rezagados –privilegio que existe realmente– está en poder asimilarse las cosas o, mejor dicho, en obligarles a asimilárselas antes del plazo previsto, saltando por alto toda una serie de etapas intermedias […] El desarrollo de una nación históricamente atrasada hace, forzosamente, que se confundan en ella, de una manera característica, las distintas fases del proceso histórico. Aquí, el ciclo representa, enfocado en su totalidad, un carácter irregular, complejo, combinado[iii].

Esta irregularidad se demostró con creces en suelo mexicano. La industrialización y la penetración capitalista forjaron ciudades, puertos, industrias; pero en zonas y regiones bien acotadas del país y sobre todo, bien distanciadas entre sí. En el Norte, el Bajío y el Sur, vastas extensiones rurales, gobernadas por caciques y laboreadas por una inmensa masa de campesinos pobres, eran integradas violentamente a la nueva dinámica económica preservando algunos de los rasgos fundamentales de la propiedad y la división del trabajo que imperaron durante los siglos anteriores.

Peones, jornaleros, medieros y arrendatarios

Hemos dicho que durante la Colonia, la unidad productiva que cohesionó la producción agrícola en México fue la gran hacienda. Con la penetración capitalista registrada durante el porfiriato, el campo sufrió profundas transformaciones, pero la forma que adquirió dicha penetración se basó en la incorporación de algunas estructuras precapitalistas. De hecho, durante este periodo, las haciendas, lejos de ser aniquiladas, alcanzaron su máximo desarrollo –registrado en su extensión territorial y productividad– en la historia nacional. Distintos análisis historiográficos, calculan que, para el estallido de la revolución,  entre 35 y 49 millones  de hectáreas a nivel nacional estaban en manos de grandes propietarios nacionales y extranjeros. Una  minoría estaba en manos de pequeños rancheros en el Norte y de los pueblos originarios en el centro y sur del país:

Las adjudicaciones se hicieron por millones de hectáreas. En la Baja California se dieron más de 11,5 millones de hectáreas a 4 concesionarios; en Chihuahua, más de 14,5 millones de hectáreas a 7 concesionarios; solamente a uno se adjudicó solo la mitad; es decir, alrededor de 7 millones de hectáreas; en Chiapas, se adjudicaron a un concesionario poco más de 300 000 hectáreas; en Puebla, se otorgaron a otro concesionario más de 76 000 hectáreas; en Oaxaca, se adjudicaron a 4 concesionarios más de 3,2 millones de hectáreas, a uno solo se adjudicaron más de 720 000 hectáreas; a un solo adjudicatario se entregaron poco menos de 5 millones de hectáreas en los Estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua; en Durango, se entregaron a dos adjudicatarios casi 2 millones de hectáreas. En consecuencia, las extensiones de terrenos baldíos vinieron a formar enormes latifundios, quizás más grandes de los que existían anteriormente[iv].

Estas fueron las consecuencias de la aplicación de la Ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos[v] de 1883, que significó el despojo mediante las compañías deslindadoras de los territorios que habían habitado ancestralmente los pueblos originarios y se dio de forma diferenciada en las distintas regiones del país, producto de las variaciones estructurales en la organización del trabajo agrícola.

Se puede decir que el despojo a gran escala de los pueblos originarios comenzó con las leyes de Reforma y se profundizó de manera inédita durante el porfiriato, generando, en el curso de los años, pequeñas guerras[vi] contra todos los grupos indígenas que se resistieron: los mayas del extremo Sur, los pames de la Sierra Gorda o los aguerridos yaquis de Sonora.

Según Katz, el nuevo impulso de la explotación agrícola – a partir de 1883-  implicó, además del proceso de expropiación de tierras comunales, el reclutamiento de una nueva masa de trabajadores y la disminución sustancial del salario de los jornaleros agrícolas ahí donde se establecieron formas de trabajo asalariado. Estas grandes concentraciones latifundistas funcionaban de manera muy similar a la vieja hacienda colonial, pero solo en apariencia; la diferenciación social devenida del desarrollo capitalista y la penetración imperialista ya estaba configurando nuevas y más complejas relaciones sociales donde coexistían las formas arcaicas con nuevas modalidades de trabajo agrícola.

Este sistema de colonización sobre la base del despojo que, como dijimos antes, en muchos casos adquirió la forma de intervención militar ahí donde las comunidades pusieron resistencia, fortaleció muchísimo el latifundio, que se extendió a lo largo y ancho del país y que tomó la forma productiva de la hacienda para su explotación.

Este entramado social se complejizó en el último cuarto del siglo xix, cuando la necesidad de mano de obra creció y se implementaron mayores mecanismos de coerción. Los campesinos de los pueblos libres fueron integrados a esta organización del trabajo agrícola al interior de la hacienda, sea porque perdieron sus propias tierras por el despojo o porque estaban obligados a trabajar como eventuales o a ser arrendatarios porque no tenían los recursos de explotar las tierras que aún les pertenecían.

Katz señala que la utilización generalizada de la tienda de raya en realidad fue una característica que se extendió y profundizó en este periodo. La mayor parte de los conflictos sociales que protagonizaron los campesinos durante las décadas previas al periodo que nos ocupa se trataron de levantamientos de indígenas libres en defensa de sus tierras comunales. Al interior de la hacienda fueron, en muchos casos, los aparceros o arrendatarios los que se levantaron contra los abusos patronales.

Así como la industria y la inversión de capitales crearon al interior del país profundas diferencias regionales, el latifundio y sus mecanismos de explotación adquirieron formas locales que se distinguían de forma notoria según la región Sur, Centro o Norte del país.

El Sur tuvo que dar respuesta a la demanda internacional de productos tropicales como el henequén, el caucho, el café y el azúcar. Con el acaparamiento vino un proceso de relativa industrialización que hizo que aumentara el uso de la maquinaria, que se expandiera el trabajo asalariado, disminuyendo el peso del endeudamiento o la esclavitud, y que se impusieran nuevas formas de reclutamiento. Entre los trabajadores que laboraban en las haciendas del sur había indígenas deportados que habían participado en los alzamientos contra las compañías deslindadoras, en particular, yaquis del estado de Sonora que por lo general no recibían un salario normal, otro tanto eran trabajadores contratados y una porción, hombres considerados como criminales por el régimen de Díaz.

Según las crónicas, los trabajadores eran concentrados en recintos resguardados por grandes alambradas de púas, en pésimas condiciones sanitarias, presas frecuentes de las enfermedades tropicales. De acuerdo a una elocuente descripción de un representante del gobierno estadounidense, los trabajadores de las haciendas sureñas vivían en pésimas condiciones:

Los trabajadores que el gobierno había enviado ahí eran prácticamente prisioneros. El almirante Fletcher y yo vimos el espectáculo inusitado en el siglo xx de grupos de ocho o diez hombres diseminados entre el maizal, acompañados por un arreador, un cacique, un indio de la costa, alto y fornido, con un par de pistolas de cintura, y un látigo negro de ocho o diez pies, siguiendo de cerca al grupo que excavaba, mientras al otro lado del campo, un hombre con una escopeta, con el cañón aserrado, los vigilaba. Estos hombres salían a trabajar en la mañana vigilados por estos capataces y por las noches eran encerrados en un gran tejabán[i].

Durante el desarrollo pujante de la industria henequenera, a pesar de las condiciones laborales ya descritas, las plantaciones contaban con una porción importante de trabajadores contratados, producto del aumento en la demanda y la implementación de nuevas tecnologías. Sin embargo, con la baja del precio de las materias primas en las postrimerías del porfiriato, las condiciones de los acasillados empeoró sustancialmente y algunos cronistas registran trabajo esclavo durante este periodo en estados como Yucatán.

La organización del trabajo en el Centro del país se diferenciaba del Sur principalmente porque la mano de obra sobraba, más que escasear. Las haciendas del Centro, en vez de producir materias primas para la exportación, se dedicaban a la siembra de maíz y trigo que por lo general se utilizaban para uso doméstico, aunque también había importantes refinerías e ingenios azucareros, heredados de la época colonial.

A pesar de que en la zona centro el trabajo asalariado primaba sobre el endeudamiento, los patrones tenían una política salarial que intentaba descargar las fluctuaciones de los precios sobre los trabajadores. De tal suerte que se atacaba constantemente el salario real de acasillados, arrendatarios y medieros. Como registra Friedrich Katz:

Tanto en la hacienda de Bocas como en la de Hueyapan, muchos arrendatarios fueron obligados a sembrar a medias, lo que la final de cuentas se traducía en que tenían que sembrar lo que la hacienda dispusiera y pagarle, de todos modos, por el alquiler de la tierra[ii].

Esto hacía que los aparceros, medieros y arrendatarios fueran el sector más desprotegido en el ordenamiento de la hacienda[iii]. Éstos, además de pagar el alquiler de la porción de tierra que laboraban para el autoconsumo, debían poner el grano, los animales y la herramienta. Como el salario que recibían por trabajar la tierra del patrón era ínfimo, en general acababan pagando con más horas de trabajo el alquiler. La historiografía registra que muchas veces, un aparcero trabajaba hasta 15 días seguidos sin recibir un solo peso. La crudeza de trato era tal, que durante la cosecha, los capataces permitían que las mujeres y los niños de los aparceros recogieran las mazorcas que caían de los carruajes, pero si éstas superaban el número previsto, las mujeres recibían un castigo o una humillación.

En los ingenios de azúcar del centro del país lo que primaba era el trabajo asalariado. La masa de trabajadores eran eventuales, trabajadores libres que no tenían ningún vínculo de endeudamiento ni identitario con la hacienda, por lo cual no eran alimentados por el patrón. Los salarios de estos trabajadores eventuales variaban entre tres y cuatro pesos diarios.

Con los beneficios otorgados a los terratenientes por el porfiriato, muchos de los pueblos que poseían sus tierras ancestralmente se convirtieron en “pueblos de la compañía”, parafraseando a John Womack Jr. A partir del despojo a los pueblos indígenas los terratenientes y hacendados:

[…] organizaron sus propios servicios médicos y eclesiásticos, sus propias tiendas, escuelas, policía e instalación de energía eléctrica y formaron sus propios cuerpos regulares de albañiles, carpinteros, herreros, electricistas y mecánicos. […] Paulatinamente, sólo las haciendas cobraron el carácter de únicas instituciones legítimas y progresistas. Era como si las demás clases o comunidades existiesen como recursos para ellas, como si todos los seres humanos de Morelos tuviesen que someterles sus destinos personales, superiores e inferiores, y convertirse en simples elementos de la empresa cosmopolita de los hacendados[iv].

Pero no todas las tierras fueron expropiadas y uno de los elementos más distintivos del centro y sus estados aledaños de la frontera sur del país es que, para 1910, todavía los pueblos originarios preservaban la propiedad de algunas hectáreas de tierra, es decir, todavía había pueblos libres y cuando no la preservaban la intentaban recuperar, desde los años previos al estallido de la revolución. Los pueblos estaban organizados bajo el predominio de sus usos y costumbres. Se gobernaban a sí mismos y enfrentaban en forma permanente el gobierno de los terratenientes. Su pertenencia al pueblo los hacía propietarios de la tierra, los recursos naturales, la flora y la fauna a la vez que ejercían el gobierno de sus propias comunidades[v].

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En el Norte, la expropiación significó una verdadera guerra de exterminio contra los yaquis y los mayos, en particular en el estado de Sonora, donde los pueblos indígenas dieron una feroz resistencia. Junto a la usurpación de tierras encabezada por la clase dominante norteña, los habitantes originarios perdieron su derecho a la utilización de los recursos naturales, en particular el agua, tan codiciada en estos inclementes terruños. A propósito de esta gran campaña de despojo y exterminio, el historiador Pedro Salmerón plantea:

Esta guerra tiene sus orígenes en las primeras “entradas” de españoles, tlaxcaltecas y mexicanos en las llanuras del noreste, y tuvo su época más violenta entre 1840 y 1880. Los pobladores de un territorio desértico, aislado e inseguro (…) combatieron en una guerra permanente y de larga duración contra los “bárbaros”, en un proceso que definió la identidad regional y que hizo de sus hombres los experimentados guerrilleros de Escobedo (…)[vi].

El proceso de despojo en el norte se prolongó a lo largo de los siglos y adquirió una forma muy particular. Aún durante el régimen colonial, se comenzaron a poner en pie las primeras colonias militares. Las mismas era impulsadas por el régimen colonial para garantizar la colonización y mantener a raya a los indios insurrectos (en particular de las incursiones apaches provenientes de Estados Unidos) y estaban compuestas de inmigrantes de España, del centro de México y de indios nativos, que convertidos en rancheros, disponían de tierra, recursos y pertrecho militar. El asedio a las colonias por parte de grupos indígenas insurrectos prevaleció hasta el siglo XIX.

Los descendientes de estos colonos, que permanecieron en el control de la tierra y los recursos a través de esta particular organización, estuvieron en la primera línea del alzamiento revolucionario de 1910[vii]. Junto a ellos, se preservaron sectores mucho más plebeyos: algunos rancheros, pequeños propietarios que se quedaron con porciones acotadas de tierra, muy por debajo de los millones de hectáreas que poseían los hacendados nativos y extranjeros, que también fueron arrastrados como combatientes a la vorágine de la bola[viii].

En esta región, abundaba la tierra y escaseaba enormemente la mano de obra. La minería le disputaba trabajadores a los hacendados. Los vaqueros trabajaban como jornaleros una porción del año en época de cosecha y luego se iban a las minas a emplearse como eventuales a cambio de un salario. Lo mismo los arrendatarios que podían labrar la tierra durante un cuatrimestre para después incorporarse al trabajo en el subsuelo. Según Katz, haciendo una distinción entre los peones del sur y los del norte:

Mientras que los peones endeudados del sur estaban hasta cierto punto protegidos porque presentaban una inversión que el hacendado no quería perder, los trabajadores libres del norte no tenían esa protección. Los modelos tradicionales de paternalismo no eran nada comunes en el norte[ix].

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De conjunto la gran campaña de despojo en todo el país impulsada por el gobierno de Díaz generó una compleja articulación de clases en el campo y al interior de la hacienda. Aumentó el trabajo eventual y disminuyó el trabajo forzado. El acaparamiento de tierras, hizo que los hacendados tuvieran mayores posibilidades de arrendar, pero los aparceros eran incapaces de saldar las deudas que adquirían con el patrón y por lo regular trabajaban jornadas extenuantes y sus condiciones laborales se hicieron más paupérrimas durante el porfiriato.

Así pues en el Sur, peones y esclavos constituían la masa mas explotada del trabajo en el campo; en el Centro, los aparceros –por lo general antes propietarios colectivos de las tierras comunales– estaban sometidos a un régimen de hacienda que los mantenía en la miseria e indefensión; los pueblos libres se veían constantemente sometidos al asedio de los hacendados y el ejército. En el Norte,  los habitantes de las colonias militares, los rancheros, vaqueros y peones constituían la masa de pobres que sufría las consecuencias de la creciente concentración de tierra en pocas manos: la explotación en la hacienda durante la mitad del año y la de la mina durante la otra mitad.

Fueron estos hombres y mujeres, despojados de todo, los que constituirán la base social de los enormes ejércitos campesinos. Los pueblos originarios perdieron la tierra –una y otra vez– pero no su voluntad de recuperarla. El ansia de tierra y el odio al amo opresor, déspota, explotador y blanco permaneció y se profundizó en el devenir histórico para estallar violentamente durante el emblemático año de 1910, bajo la dirección militar de un Francisco Villa en el Norte y de un Emiliano Zapata en el Sur.

Obreros y asalariados urbanos

Como planteamos en los apartados precedentes, la penetración capitalista durante el periodo que nos ocupa, configuró de manera rápida, en zonas específicas del país, una industria fuerte, en términos relativos, articulada y conectada entre sí a través del ferrocarril. La clase dominante era consciente de que el desarrollo capitalista había creado en forma acelerada una nueva clase social, muy minoritaria con respecto al campesinado, pero en potencia con una gran fortaleza política y organizativa, como se demostró en las grandes huelgas obreras de Río Blanco, Cananea y San Luis Potosí durante los años previos a la revolución. Como plantea Ramón Eduardo Ruíz:

En su informe al Congreso, el presidente Francisco León de la Barra dijo en 1911, apenas unos meses después de la huida del presidente Díaz, que el problema obrero merecía una atención tan grande como la cuestión agraria, y lo calificó de “consecuencia ineludible del progreso industrial realizado en el curso de los últimos años”. Ya anteriormente el periódico El Imparcial, órgano del grupo desplazado del poder, había reconocido que ese progreso, aunque estaba modernizando a México, no había logrado reducir las diferencias entre el rico y el trabajador. Mientras tanto las crecientes esperanzas obreras habían exacerbado las contradicciones de la vida en el escenario político.

La clase obrera mexicana había surgido junto con la industrialización. Se trataba de una clase joven, concentrada en zonas específicas y dispersa entre sí, separada por miles de kilómetros. Ciro Cardoso y Franciso Hermosillo realizan una elocuente descripción de la evolución de las relaciones de producción en este periodo:

[…] aumento de la demanda de obreros especializados y mayor grado de división del trabajo; permanencia de rasgos precapitalistas (tienda de raya por ejemplo) a la par de un avance indudable del régimen de salarios en detrimento de una artesanía en la que terminaban de deteriorarse los últimos resquicios de la organización heredada de la fase gremial; jerarquía de salarios, con una minoría de obreros bien remunerados frente a la enorme mayoría mal pagada (en especial, en lo más bajo de la escala, las mujeres y los niños). Pero el sector industrial fabril sufrió fluctuaciones más violentas en su importancia relativa: el número de obreros conoció una expansión grande en la fase de crecimiento industrial máximo[x].

Una de las concentraciones obreras más importantes del porfiriato se articuló alrededor de la industria textil. Según Ramón Eduardo Ruíz, para 1880 había unas cuantas fábricas textileras que empleaban a unos 8 000 obreros en total, y para el estallido de la revolución, se registra la existencia de 150 factorías que agrupaban a 82 691 trabajadores y trabajadoras. El cordón industrial textil, corría por el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Puebla y Querétaro. Junto a la textil, la industria minera, la petrolera y la portuaria configuraron al joven proletariado industrial que contaba con alrededor de 858 350 obreros.

La dispersión se debía a la gran heterogeneidad que se registraba en el mapa industrial de México. En Sonora, Chihuahua, Durango y Guanajuato, el trabajo minero crecía acicateado por las fuertes inversiones extranjeras. En la cuenca carbonífera de Coahuila, se explotaba de forma altamente redituable para el capital extranjero este material del subsuelo, mientras en la Laguna –perteneciente al estado de Durango– , se configuraba uno de los centros agro industriales más importantes del país.

Muchos campesinos, fueron incorporados de forma rápida a la nueva industria y este es el caso de la explotación petrolera que para los últimos años del porfiriato pertenecía en su totalidad al capital extranjero, británico y estadounidense.  En la Huasteca, en la llamada Faja de oro, se levantó el primer gran centro petrolero de la historia moderna de México y fue mucha la mano de obra que migró a estas concentraciones industriales, en particular a partir de 1911 gracias al descubrimiento, cada vez más extendido,  de pozos profundos para la extracción petrolera y los beneficios otorgados por Porfirio Díaz que serían respetados por Madero y los subsecuentes gobiernos.

Así se pusieron en pie concentraciones de trabajadores, por intermediación de la Huasteca Petroleum Company y la Compañía el Águila donde coexistían trabajadores e ingenieros de diversos orígenes étnicos. Según Mireya González Peñalosa:

En las primeras décadas del siglo xx los campos petroleros más importantes se ubican en la llamada Faja de Oro que abarcaba los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, donde se encontraron yacimientos relevantes para la época[xi].

A la Faja de oro llegaron a trabajar miles de indígenas totonacas de la Huasteca, de Oaxaca y Puebla atraídos por los salarios altos en términos relativos y acompañados de sus familias.

A pesar de la subida en el nivel de vida de los sectores rurales que se proletarizaron, los trabajadores mexicanos de principios del siglo xx laboraban y vivían en condiciones ignominiosas. La jornada laboral comenzaba antes del alba y terminaba después de que se ponía el sol. Los trabajadores textiles en particular, laboraban una jornada de 14 horas y solo contaban con el domingo para descansar. Al igual que los trabajadores del campo, los obreros industriales tenían que adquirir los productos básicos en las tiendas de raya, en manos de los patrones o de usureros profesionales que mantenían al obrero endeudado de forma permanente. Ramón Eduardo Ruíz describe las condiciones laborales de los trabajadores de la siguiente forma:

En Orizaba, en las fábricas de Río Blanco, que eran las que pagan los salarios más altos de toda la industria textil, el obrero podía ganar un máximo de 1.25 pesos diarios. En las minas de Cananea, que a su vez pagaban los salarios mineros más altos del país, el minero pasaba hasta doce horas bajo tierra por un salario de 3 pesos […]. En las minas de carbón de Coahuila, así como en las de la Guanajuato Mininig and Milling Company, los mineros sólo ganaban 2 pesos diarios, salario que quizás era el promedio general […] Según informó Julio Sesto, poeta y escandalizado turista español, en las fábricas textiles del Distrito Federal se llegaba a pagar a las obreras la irrisoria suma de 25 centavos diarios. Muchas de estas mujeres no eran más que niñas, y según las palabras de Sesto: “Para creerlo hay que ver a las muchachas desamparadas de México, pasando una acibarada adolescencia en los talleres y las fábricas”[xii].

Los obreros mexicanos pasaban la mayor parte de su vida en los asfixiantes galerones que se convertían en hornos durante el verano y refrigeradores durante el invierno; muchos de ellos, dormían en barracas insalubres sin sanitarios, donde tenían que hacer sus necesidades en letrinas y se encontraban hacinados. Los relatos de las crónicas mexicanas, muchos de ellos elaborados por extranjeros, hacen recordar las espeluznantes descripciones que hiciera Engels sobre los trabajadores ingleses durante el siglo xix o las condiciones descritas por Sinclair Lewis a propósito de la vida de los obreros de la industria de la carne enlatada en Estados Unidos a principios del siglo xx.

Plantea el historiador Ramón Eduardo Ruíz que el partido antireeleccionista contaba con un apoyo importante en las fábricas del país y que los estudiantes maderistas eran encarcelados por pasar propaganda revolucionaria en las inmediaciones de las factorías. Y fue en las fábricas textiles de Puebla y Tlaxcala donde surgieron los primeros círculos antireelecionistas cuyos principales dirigentes fueron asesinados o encarcelados durante la “decena trágica”. Durante la revolución, en distintos momentos, la clase obrera mexicana participó con sus métodos de lucha, como lo evidencian las huelgas por salario, reducción de la jornada laboral y prestaciones que se dieron entre 1911 y 1912. La huelga general de 1916 impulsada por los trabajadores electricistas contra Carranza, fue la acción más emblemática de la naciente clase obrera mexicana.

El problema político de su participación es que, a pesar de demostrar sus potencialidades, se encontró constreñida por la acción y programas de las direcciones burguesas y pequeño burguesas y nunca alcanzó a forjar, en el seno de la clase obrera, una alternativa política independiente[xiii]. Y es que a pesar de que sectores de trabajadores participaron del alzamiento maderista y eran receptores importantes de las ideas opositoras a la dictadura, llegaron al año de 1910 a cumplir un rol, en términos generales, muy pasivo en relación a sus intereses de clase, sus reivindicaciones y su programa.

Aunque existía cierto nivel de politización y de la adscripción de los obreros industriales al maderismo, el naciente proletariado mexicano llegó al ascenso de 1910, cargando sobre sus espaldas las consecuencias de  la crisis económica de 1907. Hacia finales de este año, gran cantidad de minas habían despedido a cientos de trabajadores. La caída en los precios de los productos de exportación y en particular la gran crisis del cobre, había creado un panorama desolador para la industria y muchos centros industriales fueron azotados por el cierre de empresas y el desempleo masivo. Una ola humana de desempleados inundó las nacientes concentraciones urbanas y se convirtieron en mendigos. En la industria minera, la crisis dejó en el desempleo a alrededor de 18 mil trabajadores.

En la industria textil, siempre azotada en mayor medida que el resto de las ramas productivas, la crisis solo vino a profundizar su estancamiento. Molina Enriquez, el autor de la ya célebre obra Los grandes problemas nacionales, planteó que la situación en las textileras era insostenible, ya que para paliar la crisis los patrones habían recurrido a la reducción de la fuerza de trabajo y de los salarios reales, ya de por sí, los más ínfimos de toda la industria.

Fue justamente en los años de la crisis cuando los obreros industriales protagonizaron las primeras acciones contra el régimen de Díaz, con una violencia y radicalidad, que  preconizaban lo que serían los casi diez años de revolución social. Pero de las huelgas de Cananea y Río Blanco, influenciadas por el magonismo, la clase obrera salió derrotada de manera violenta. No en balde la masacre de Río Blanco es una de las represiones del Estado más cruentas que registra la historia contemporánea de México, como explicamos en el ensayo titulado Obertura de la Revolución: el Partido Liberal Mexicano, Cananea y Río Blanco que forma parte de este libro. Es decir que, a la juventud del proletariado mexicano, su inexperiencia y atomización, se sumaron los efectos de una violenta crisis económica y grandes derrotas políticas y físicas inflingidas por el régimen de Díaz.

Distintos análisis dan cuenta del peso social del proletariado mexicano como punto de partida para entender su rol político en la revolución, subordinado a las direcciones y programas burguesas y pequeño burguesas. Efectivamente, como plantea Jean Meyer, “el obrero mexicano acababa apenas de nacer”[xiv].

Sin embargo, el hecho de no haber actuado como una fuerza independiente en el proceso revolucionario no se explica únicamente por su peso específico en la sociedad mexicana. El mismo Jean Meyer da cuenta de esta debilidad:

Este proletariado poco numeroso, joven, empleado por firmas extranjeras muy poderosas, concentrado en la capital, la ciudad de Monterrey y los estados textiles de Veracruz y Puebla, experimenta un sentimiento de debilidad que lo impulsa a buscarse protectores, a someterse al gobierno[xv].

El proletario mexicano, pocos años antes del estallido revolucionario, era el jornalero o peón rural. Es el hijo recién nacido de la sociedad agraria y el mundo obrero, cuya conciencia está mas cerca de lo que recientemente ha dejado atrás. Sus primeras experiencias como clase, las dio tratando de enfrentar las embestidas patronales a través de las mutualidades. Es una clase que recién comienza a organizarse gremialmente y que recibe la influencia de ideas de todo tipo, las más de izquierda, expresadas en el magonismo.  Es decir que no solo estaba dando sus primeros pasos en el camino de su organización sindical, sino que quedó atrapado en el momento histórico en el que también sus ideas políticas comienzan a desarrollarse.

Este elemento no es menor porque, como explicaremos más adelante, los campesinos insurrectos de todo México carecieron de su aliado urbano natural: el movimiento obrero y batallaron contra la burguesía por sí solos, mostrando una de las principales contradicciones y debilidades de la gran revolución mexicana. 

El dictador y los burgueses

 Estaba petrificado y lo que tocaba se convertía en piedra. Su ejército, ataviado con cascos alemanes y penachos se había cubierto de herrumbre en la prolongada paz; los diputados, vestidos de frac, habían borrado el no de su vocabulario y asentían como autómatas; los gobernadores que sufrían el mismo mal del Dictador eran serviles y tiránicos y los secretarios de Estado fingían obediencia y conspiraban entre sí para destruirse.

Fernando Benitez[xvi]

 

 

Hemos dicho en los apartados anteriores, que el impulso al desarrollo capitalista en México estuvo dado por la inversión masiva de capitales extranjeros y la integración en términos de subordinación a las nacientes potencias imperialistas de la economía mexicana. La preponderancia del capital estadounidense, inglés o francés, no impidió el desarrollo de una burguesía nativa que –aun como socia menor de la burguesía imperialista– concentraba un gran poder económico y político en particular en la región norteña del país.

Siguiendo a Ciro Cardoso, Francisco Hermosillo y otros autores, podemos decir que el mapa industrial (y por ende la distribución de las clases propietarias) del México del porfiriato podía describirse por regiones. La región denominada como del Pacífico Norte[xvii], basó su economía en la agricultura y el auge minero y aglutinaba a una gran cantidad de propietarios de tierras y mineros, dando cuenta de una considerable expansión de la industria agropecuaria ligada de manera orgánica al desarrollo y articulación de la economía estadounidense[xviii].  En Sonora destacan las figuras de hacendado, cacique o industrial, en los nombres de Ramón Corral –célebre por traficar con indios yaquis–, Rafael Izábal y el General Torres.

La región Norte, conformada por los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Tamaulipas, se constituyó como el punto de destino de la migración interna, ya que conformó una de las concentraciones poblacionales más grandes del país. Se trataba de una economía basada también en la agricultura y la minería y sobre todo ferrocarrilera. Al mismo tiempo que concentrar el porcentaje más alto de la PEA[xix] a nivel nacional, esta región contaba con grandes propietarios extranjeros, que monopolizaban el usufructo y las ganancias del desarrollo agro industrial.  En esta región, el intercambio de materias primas con Estados Unidos (algodón, ganado y minerales) dinamizó enormemente la economía y posibilitó la emergencia de nuevas concentraciones urbanas como la ciudad de Monterrey[xx].

Por poner un ejemplo, en Chihuahua los grandes terratenientes mexicanos Luis Terrazas y Enrique Creel construyeron un imperio político y banquero, consolidando una oligarquía familiar que gobernaba sobre todas las cosas y gentes del estado. Ambos propietarios, pertenecían al llamado grupo “científico” allegado a Díaz que jugó un papel crucial en la formación de la ideología porfirista. Según Fernando Benitez, esta dupla poseía:

[…] cincuenta haciendas, que ocupaban más de dos y medio millones de hectáreas, quinientas mil cabezas de ganado y una red de minas, bancos, seguros, industrias, hipódromos, hoteles, cantinas, así como el monopolio total de la política. Utilizando su influencia, la familia lo mismo disponía de la gubernatura, la legislatura estatal y las presidencias municipales, que de privilegios fiscales y créditos que favorecían exclusivamente a sus numerosos miembros y a sus aliados capitalistas extranjeros[xxi].

La llegada del ferrocarril hizo que el Norte se constituyera como un polo industrial y de comercio vinculado estrechamente al desarrollo estadounidense.

Los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos constituyen la región Centro. Aquí, la ley de terrenos baldíos del porfiriato significó el despojo generalizado de la propiedad comunal de la tierra y forjó un sector de hacendados y terratenientes mucho menos poderoso y acaudalado que el sector del norte. En mucho, el desarrollo industrial que primó en estas latitudes se articuló alrededor de la industria textil que aprovechó la abundancia en mano de obra para la extracción sistemática de plusvalía absoluta.

En la región del Golfo de México y Caribe[xxii]  la mayor parte de los propietarios eran dueños de fábricas textileras (en el caso de Veracruz) o de ingenios y haciendas dedicadas a la cosecha y exportación de materias primas como el henequén y el café en el caso del Caribe.

Este breve recuento sobre los distintos sectores que componían la clase poseedora de los medios de producción y su localización geográfica durante la época que nos ocupa, nos permite destacar el rol de la burguesía norteña que durante años, fue parte del viejo régimen hasta que sus propios intereses la llevaron a confrontarse con Porfirio Díaz por la política del gobierno.

El enfrentamiento entre liberales y conservadores en las décadas previas, había generado una fuerte polarización al interior de las nacientes clases dominantes. El inicio del mandato de Porfirio Díaz abrió una nueva etapa de conciliación, basada en los beneficios que habían adquirido muchos propietarios a partir de la implementación de las leyes de reforma. Así es que se fue tejiendo una clase dominante encabezada por los grandes inversionistas extranjeros, las viejas familias nativas poseedoras de enormes extensiones de tierra y yacimientos mineros en el Norte e intelectuales que –con los cambios acaecidos en el terreno financiero– se incorporaron a este sector[xxiii] o al bancario.

Esta cohesión, que implicó la consolidación de una clase dominante (después de décadas de conflictos sociales e inestabilidad) posibilitó el asentamiento de un régimen de dominio fuerte, eficaz y capaz de desarrollar el capitalismo mexicano a la saga del desarrollo de las nacientes potencias imperialistas.

Porfirio Díaz se hizo del poder bajo las banderas del liberalismo, habiendo peleado en la revolución de Ayutla contra Antonio López de Santa Anna y contra la intervención francesa bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza. Durante su mandato, lejos de la quimera del “dictador omnipotente” la estabilidad del régimen político se basó en la incorporación al gobierno de las antes fracciones opositoras a los liberales (los conservadores) y “una coalición equilibrada de intereses de diversas facciones de la clase dominante –incluso las diversas oligarquías regionales–”[xxiv]. Coexistían entonces en el régimen, distintos intereses que hacían a sus fracciones más proclives al imperialismo francés o al estadounidense, por ejemplo, de acuerdo con el peso específico que tuvieran en la banca, las finanzas, la industria o la tenencia de la tierra y el acceso a la explotación de los recursos naturales. Como explica un análisis, el régimen porfirista:

Representaba de hecho un bloque relativamente complicado, asociando los hacendados tradicionales (el grupo más numeroso), los intereses extranjeros (sobre todo norteamericanos), diversos intereses regionales, etc., bajo el predominio del grupo urbano concentrado en la capital y en la parte central del país, representado en el poder por el grupo de los “científicos”, asociado al capital francés y vinculado con actividades como la banca, el comercio interno y la industria[xxv].

La tensión de dichas alianzas políticas se evidenciaría al máximo con el estallido de la revolución y el llamado maderista a levantarse contra el gobierno. Y es que el propio Porfirio Díaz y otros sectores del régimen, propugnaban por una creciente centralización de la economía, el gasto público y el control político. De tal suerte que una de las maniobras políticas del gobierno implicó la reorganización del sistema de impuestos y la eliminación de las alcabalas – como explicamos antes–, lo cual debilitó el poder económico a los estados cuya administración política acabó dependiendo, cada vez más, del gobierno central[xxvi]. Estas diferencias se exacerbaron a partir de 1900 y abrieron una fuerte crisis al interior de la clase dominante, que se expresó en el surgimiento de los movimientos antireeleccionistas, empujando a sectores burgueses a la oposición[xxvii].

Estas medidas afectaron, sobre todo, a los poderosos propietarios del norte –seco, abrupto y plagado de llanuras e indios insumisos– que, años atrás fue lentamente colonizado y permitió el ascenso de de una clase terrateniente. Como planteamos en los párrafos anteriores, para el periodo que nos ocupa, el Norte ya contaba con inmensas haciendas de mexicanos y estadounidenses, con centros industriales de gran importancia, grandes imperios agrícolas e industriales en estados como Coahuila – controlados por clanes como la familia Madero– mientras Chihuahua y Sonora se convertían en gigantes económicos en la palestra nacional. La crisis económica de 1907, que trajo consigo funestas consecuencias para las masas pobres del campo y la ciudad, también se hizo sentir sobre las clases dominantes, ensanchando aún más las brecha entre la burguesía.

Fueron estos terratenientes y aquellos individuos ubicados en los estamentos acomodados de la organización de clases en el norte,  los que en un momento dado, producto del poder acumulado y la necesidad de preservarlo, se enfrentaron al régimen de Díaz, poniendo en pie grandes ejércitos que combatieron primero a Don Porfirio y luego a Victoriano Huerta. De esta burguesía norteña surgieron las figuras de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, este último cabecilla indiscutible del ejército de la facción constitucionalista.

El recambio del poder político propugnado por Madero, sería bien recibido por estos sectores que sentían que el régimen político les impedía su desarrollo económico y atemperaba el control regional obtenido en las décadas previas. Su intención no era quitarse de encima al amo yanqui, ni mucho menos cambiar la estructura socio-económica que les había permitido su ascenso. Las pretensiones de esta burguesía se basaban en imponer una serie de cambios formales a través de la democratización de las instituciones del régimen para garantizar un más aceitado usufructo de los recursos, la explotación de la mano de obra y la descentralización del poder del estado.

Estos sectores de la clase dominante no resolverían el problema clave de la revolución, la entrega de la tierra, porque sus fortunas se habían amasado con el sudor del trabajo agrícola. Sus intereses los ubicaron por un lado, contra Porfirio Díaz y Victoriano Huerta y por otro contra las direcciones de Villa y Zapata, que expresaban las reivindicaciones más sentidas de los desposeídos del campo.   

Conclusiones

Las leyes de la historia no tienen nada  en común con el esquematismo pedantesco. El desarrollo desigual, que es la ley más general del proceso histórico, no se nos revela en parte alguna con la evidencia y la complejidad con que lo patentiza el destino de los países atrasados.

León Trotsky[xxviii]

 

Para concluir es menester detenernos en aquellas consideraciones que nos permitan responder qué tipo de formación económica y social primaba en México para el año de 1910.

1) Hemos dicho que, durante los treinta años que Porfirio Díaz se mantuvo en el poder, México accedió rápidamente al concierto mundial insertándose en la división internacional del trabajo. Durante las postrimerías del siglo XIX y los inicios del siglo XX el capitalismo mundial evolucionó a una nueva fase de su desarrollo –el imperialismo-, la cual se caracterizó por el surgimiento del monopolio, la emergencia del capital financiero como fusión del bancario e industrial y sobre todo, la integración de los países de desarrollo capitalista atrasado a la economía mundial. En el caso de México, esta inserción se basó en el predominio casi omnipresente del capital extranjero en la economía y en particular en la creciente preponderancia del capital norteamericano. En treinta años, la atrasada industria mexicana cobró un empuje inédito en ramas  como la minera, la petrolera o la textil, configurando nuevas concentraciones urbanas articuladas entre sí por una inmensa red ferroviaria que facilitó enormemente el desarrollo del mercado y la transportación de mercancías.

2) Dicha penetración afectó radicalmente al campo, elevando enormemente el proceso de concentración de la tierra. Según las estimaciones de Adolfo Gilly:

México contaba con 15.160,000 habitantes (sobre un territorio de 1.972,546 kilómetros cuadrados). De ellos, 3.130,402 eran campesinos, jornaleros agrícolas o peones. Calculando familias de cuatro personas, hay que sumar a esa cifra unos 9 millones más, con un total de unos doce millones de habitantes incluidos en el censo como peones y sus familias, total que abarcaba al conjunto del campesinado (…) Además de esas cifras, el censo consignaba 834 hacendados. Estos eran los dueños del territorio nacional: 167.968,814 hectáreas estaban en sus manos[xxix].

Esta enorme concentración de tierra – que transformó las relaciones laborales en el campo- no supuso la extinción de las formas precapitalistas que caracterizaron la tenencia y labor de la tierra en los años y siglos precedentes. La propiedad capitalista en el campo, utilizó para su fomento y desarrollo la hacienda como unidad productiva,  el latifundio como forma de acaparamiento, y ciertas pautas de la división social del trabajo que imperaron previamente. Pero la penetración capitalista también implicó la generación de nuevas fuentes de trabajo, la industrialización de algunas ramas y el empleo en algunas regiones de una gran masa de jornaleros agrícolas.

3) La misma penetración capitalista forjó una nueva y robusta industria en zonas específicas del país y con ella una nueva clase de proletarios organizados en las ramas textil, minera y petrolera. Sin embargo, el peso del proletariado urbano tendió a estar disminuido, por un lado, por la existencia de una gigantesca masa campesina, pero también por el carácter de las formaciones urbanas. Adolfo Gilly explica el poco peso social de los obreros industriales para esa época de la siguiente forma:

México, (…) centro político del país, como ciudad burocrática y comercial principalmente hasta ese entonces, con limitada concentración industrial y obrera, y la dispersión en el país de los centros de mayor concentración proletaria (minas en Coahuila, Durango y Chihuahua, textiles en Puebla y Veracruz, siderurgia en Monterrey, portuarios y petroleros en Tampico y Veracruz, etc.)[xxx].

4) La burguesía mexicana por su parte, minoritaria en la tenencia de la gran industria a escala nacional, estaba subordinada a la burguesía extranjera. Sin embargo, en el norte, esta burguesía fue la gran beneficiaria de la apropiación latifundista de la tierra y el desarrollo minero, adquiriendo un fuerte control regional que paulatinamente chocó con el poder central.

Bajo estas consideraciones, es posible afirmar que la acumulación capitalista en México se realizó, en un periodo expansivo del capitalismo internacional, alienando para sí las formas precapitalistas que subsistían en el campo. Dichas formas precapitalistas fueron subsumidas por la modernización capitalista – que no aniquiladas-  y  subordinadas a la primacía de una estructura económica y social encadenada indisolublemente a la economía internacional. Esto quiere decir que México accedió al capitalismo de manera abrupta, sin transitar por los periodos históricos por los que pasaron los países de desarrollo capitalista avanzado.

Se trataba entonces de una estructura compleja, fustigada por las contradicciones que se derivan de la coexistencia de formaciones históricas arcaicas con otras de vanguardia, bajo la égida de una formación superior que arrastra tras de sí al conjunto del globo en la dinámica de su expansión y sed de mercados. León Trotsky explicaba estas formaciones económicas – como la mexicana- bajo la óptica de la ley del desarrollo desigual y combinado[xxxi].  Como plantea un análisis:

 

El desarrollo abrupto de modernas relaciones de producción en los países que no habían realizado previamente su revolución democrático-burguesa, posibilitó que incorporasen elementos técnicos y tecnológicos avanzadísimos y también sus consecuencias sociales, absteniéndose de repetir determinadas etapas históricas, pero sin acercarse a concretar tareas como la reforma agraria y la liquidación íntegra y efectiva del latifundio[xxxii].

México no había realizado previamente una revolución democrático-burguesa. El atraso se manifiesta en que, a contrapelo de los países avanzados, en México el capitalismo no conquistó su hegemonía bajo las banderas del reparto agrario (la liquidación del latifundio) y no requirió de hacerlo para acceder a la fase capitalista de su evolución. Por el contrario, absteniéndose de repetir determinadas etapas históricas de desarrollo (similares al curso que siguieron los países avanzados) se amparó en las formas feudales y semifeudales para la reproducción de una forma social superior: la capitalista.

En dirección opuesta a los planteamientos de que México era para 1910, un país feudal o semifeudal, en realidad asistimos a una formación económica compleja, inserta ya en la dinámica del capitalismo mundial, anclada al pasado por las formas económicas que no barrió el liberalismo juarista. Se trata entonces de un país capitalista atrasado, donde las condiciones originarias de la industria configuran un entramado de clases muy imbricado: una enorme masa de campesinos desposeídos (jornaleros agrícolas), un proletario muy joven y atomizado, una burguesía terrateniente, subordinada a los extranjeros.

A primera vista, el punto de partida de la revolución mexicana fue la lucha por reformas políticas que enfrentó a distintos sectores de la clase dominante de forma aguda, como se expresó en el terreno militar, primero contra Díaz y posteriormente contra Huerta. Pero las direcciones que encarnaban los intereses de las clases dominantes lejos estaban de perseguir los mismos objetivos que las masas campesinas.

Para los desposeídos del campo, la revolución implicaba la lucha por la tierra, lo que llevó a una verdadera revolución social que atentaba contra las bases capitalistas de la propiedad en el campo y eso las enfrentó primero a Madero, luego a Carranza y posteriormente a Obregón.  México estaba inserto en un mundo que accedía a su fase de “reacción en toda la línea”, la burguesía había perdido todo ímpetu revolucionario, así en los países avanzados como en los nacientes países semicoloniales.

El ansia de tierra de los campesinos mexicanos chocaba contra el México capitalista: el de los imperialistas, los terratenientes locales y la iglesia:

Ocurrido en una verdadera encrucijada histórica, signada por el cambio epocal (esto es el pasaje a la etapa imperialista del capitalismo), el proceso iniciado en 1910 se dio en el interregno entre la vieja revolución burguesa y la revolución proletaria[xxxiii].

Así como la Comuna de París apareció como un rayo en cielo sereno y en un sentido se adelantó a su época, la revolución mexicana lidiaría con esta encrucijada histórica.


[i] United States Documents, Foreign Relations Comitte, Investigation on Mexican Affaire, 2. vol. 66 th. Congres, Second Section, Senate Document No. 62, Washington, 1919, Testimony of John Lind, vol.  II, p. 2326.

[ii] Katz, Friedrich: La servidumbre agraria en México en la época porfiriana, México, Ediciones Era, 2004, pág. 35.

[iii] Plantean varios historiadores que los aparceros y arrendatarios, al sufrir estas condiciones laborales fueron altamente proclives a combatir en la revolución, enfilándose en los destacamentos del Ejército Libertador del Sur. Los peones acasillados por el contrario, jugaron un rol menos decidido. Esto tiene que ver con que el peón acasillado – ligado por fuertes lazos a la hacienda y al terrateniente- contaba con mayor estabilidad laboral en tanto “propiedad del patrón”. Incluso en las décadas previas, cuando el ejército y los hacendados arremetían para expropiar por la fuerza a los pueblos libres, muchas bandas paramilitares estaban conformadas justamente por decenas de peones acasillados.

[iv] Womack Jr., John: Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2010, pág. 43.

[v] Sobre los pueblos y su importancia en la revolución hablamos más profundamente en el ensayo de este mismo libro titulado Morelos 1915: al asalto del cielo.

[vi] Salmerón, Pedro: Los carrancistas, México, Editorial Plantea, 2009, pág. 27.

[vii] Katz describe el proceso histórico que llevó a que estos colonos se unieran a los ejércitos revolucionarios. Durante el siglo XIX, se reanimaron los ataques, en particular apaches, a las haciendas y las colonias. Muchos hacendados – incapaces de lidiar con estos grupos armados- se retiraron. La defensa militar de la tierra quedó en manos (mayoritariamente) de las colonias militares, que forjaron rancheros libres fogueados en el enfrentamiento militar. Cuando el gobierno de Díaz avanza en la expropiación de estos rancheros – junto a aquella emprendida contra los pueblos originarios como los tarahumaras- va a encontrar una feroz resistencia y a empujar a estos pequeños propietarios a los brazos de la revolución.

[viii] La bola es la denominación popular que se le dio a la revolución en la jerga de aquel entonces y persiste hasta nuestros días.

[ix] Katz, Friedrich, op. cit., pág. 48.

[x] Cardoso, Ciro y Franciso Hermosillo: “Las clases sociales durante el etado liberal de transición y la dictadura porfirista (1867-1910)”, en La clase obrera en la historia de México. De la dictadura porfirista a los tiempos libertarios, México, siglo XXI, 1996, pág. 33.

 

[xi] Conferencia titulada “Los campos petroleros en el Museo Nacional de la Revolución” de la doctora Mireya González Peñalosa en el Ciclo de conferencias Cien años de revolución del petróleo en México, organizado por la Secretaría de Cultura del GDF.

[xii] Ruiz, Ramón Eduardo: La revolución mexicana y el movimiento obrero (1911-1923), México, Ediciones Era, 1976, pág. 18.

[xiii] El magonismo fue la única corriente de izquierda que tuvo influencia sobre sectores del proletariado. Se trataba de una dirección anclada en algunas concentraciones obreras que, con un programa anticapitalista, expresó las ideas mas avanzadas en su seno. Sin embargo, no alcanzó a jugar un rol cualitativo durante la revolución y sus propias limitaciones estratégicas y programáticas, le impidieron plantear una política revolucionaria para que la vanguardia obrera tejiera un puente hacia el campesinado revolucionario y se planteara una política independiente.

[xiv] Meyer, Jean: La revolución mexicana, México, Editorial Jus, 1999, pág. 18.

[xv] Meyer, Jean, op. cit., pág. 19.

[xvi] Benitez, Fernando: Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana. El Porfirismo, 1977, Fondo de Cultura Económica, México, pág. 32.

[xvii] La región del Pacífico Norte comprende los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit (para ese entonces denominado como Tepic).

[xviii] Grandes porciones de tierra –inclusive millones de hectáreas– de los estados de la región del Pacífico norte estaban en manos de propietarios norteamericanos.

[xix] Población económicamente activa.

[xx] Según varios autores, es en esta región donde se observan formas de trabajo asalariado más modernas y una organización del trabajo mucho más avanzada.

[xxi] Benitez, Fernando: Lázaro Cárdenas en la revolución mexicana. El porfiriato, México, Fondo de Cultura Económica, 1977,pág. 53.

[xxii] Conformada por los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

[xxiii] Nos referimos a los llamados “científicos” liderados por José Yves de Limantour, que gradualmente fueron ocupando cargos jerárquicos en el gobierno y se convirtieron en los grandes ideólogos del porfiriato. Podemos destacar los nombres de Rosendo Pineda, Justo Sierra o Joaquín Casasus.

[xxiv] Cardoso, Ciro y Francisco Hermosillo, op. cit., pág. 33.

[xxv] Cardoso, Ciro y Francisco Hermosillo, op. cit., pág. 38.

[xxvi] Otras medidas fueron puestas en marcha para aceitar el funcionamiento del Estado, como el control central de la acuñación de moneda, el impulso de instituciones dedicadas al análisis estadístico de la economía y el desarrollo demográfico, un nuevo código de comercio, etcétera.

[xxvii] Este es el caso de Madero que desde 1902, comenzó a organizar el movimiento antireeleccionista en el Norte.

[xxviii] Trotsky, León: Historia de la Revolución Rusa, Juan Pablos Editor, México, 1972, p. 24.

[xxix] Gilly, op. cit.,  pág. 25.

[xxx] Ídem.

[xxxi] La ley del desarrollo desigual y combinado esbozada por Trotsky explica, en relación a la evolución socio económica de los países de desarrollo capitalista atrazado que: “Azotados por el látigo de las necesidades materiales, los países atrasados se ven obligados a avanzar a saltos. De esta ley universal del desarrollo desigual se deriva otra que, a falta de nombre más adecuado., calificaremos de ley del desarrollo combinado, aludiendo a la aproximación de las distintas etapas del camino y a la combinación de distintas fases, a la amalgama de formas arcaicas y modernas. Sin acudir a esta ley, enfocada, naturalmente, en la integridad de su contenido material, sería imposible comprender la historia de Rusia ni la de ningún otro país de avance cultural rezagado, cualquiera sea su grado”.

[xxxii] Juárez, Martín: “Apuntes para una interpretación de la revolución mexicana”, Estrategia Internacional No. 24, diciembre de 2007, enero de 2008, pág. 245.

[xxxiii] Juárez, op. cit., pág. 246.


[i] Cuando José Yves Limantour estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda organizó el sistema bancario a través de la Ley General de Instituciones de Crédito, expedida en marzo de 1897. Este nuevo sistema hacendario y tributario, tuvo el objetivo –entre otras cosas– de suprimir las alcabalas[i], que se habían vuelto un obstáculo para el desarrollo del comercio y la transportación generalizada de mercancías. Uno de los principales problemas fiscales que tuvo que resolver el porfiriato para equilibrar la relación de las finanzas con la naciente industria fue el déficit que se arrastraba desde el triunfo de la independencia. Fue justamente en este periodo que la penetración capitalista y el nacimiento de la banca moderna permitieron a México volverse sujeto de crédito para la Banca Internacional y por esa vía, acumular una gigantesca deuda externa.

 

[ii] Discurso de José Yves Limantour en Memoria de la Secretaría de Hacienda, México, 1906, págs. 336-337.

[iii] Trotsky, op. cit.,  pág. 15.

[iv] González Roa, Fernando: El aspecto agrario de la Revolución mexicana, México, Departamento de Aprovisionamientos Generales, Dirección deTalleres Gráficos, 1919, pág. 82.

[v] Ya en 1856, durante la guerra de Reforma, las leyes decretadas por el juarismo ocasionaron la emergencia del llamado “latifundismo laico” que se basó en el despojo de gran cantidad de tierras comunales en posesión de los indígenas, que generaron importantes irrupciones campesinas que fueron violentamente reprimidas por Juárez, como en la Sierra Gorda el caso de los indios pames.

[vi] Retomamos la definición de Adolfo Gilly para hablar de “pequeñas guerras” de despojo porque la resistencia indígena a la usurpación de tierras fue feroz. El porfiriato pudo profundizar la expropiación amparado en las leyes de Reforma pero también en un ejército regular, fortalecido por las guardias rurales que enfrentaron salvajemente las rebeliones indígenas, donde destaca la encabezada por Julio López Chàvez en Chalco, que en 1868 fue duramente reprimida.


[i] Brown, op. cit. pág. 29.

[ii] El mismo Brown señala que durante su máxima expansión – antes de la irrupción de la revolución- la Waters- Pierce mantenía veinte estaciones de distribución de productos petroleros, era propietaria de 148 vagones de ferrocarril para la transportación de petróleo y doce vagones- tanques para la distribución en el centro además de vender calentadores de queroseno a las capitales más importantes del mundo.

[iii] Brown, op. cit. pág. 63.

[iv] Wionczek, Miguel S.: El nacionalismo mexicano y la inversión extranjera, México, Siglo XXI, 1967, pág. 6.

[v] Wionczek, op. cit., pág. 35.

 

[vi] Gilly, op. cit., pág. 16.


[i] Marx, Karl: La ideología alemana. Feuerbach. Concepción entre la concepción materialista e idealista. Valencia,  Universidad de Valencia, Colección Educació Materials de Filosofía, 1994, pág. 35.

[iii] Trotsky, León: Historia de la revolución rusa, México, Juan Pablos Editor, 1972, pág. 7.

[iv] Barbosa-Ramírez, René: La estructura económica de la Nueva España (1519-1810), México, Siglo XXI, pág. 183.

[v] Barbosa-Ramírez, René, op. cit. pág. 184.

[vi] Brading, D.A.: Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pág. 38.

[vii] Gilly, Adolfo: La revolución interrumpida, México, Ediciones “El Caballito”, 1971, pág. 9.

[viii] Semo, Enrique: Historia mexicana, economía y lucha de clases, México, Era, 1991, pág. 288

[ix] American Foreign Policy in Mexican Relations, The Macmillan Company, Nueva York, 1931, capítulo XIII “The American Economic Invasion of Mexico Under Díaz”, pp. 475-533.

[x] Brown, Jonathan C.: Petróleo y revolución en México, México, Siglo XXI, 1998, pág.15.

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