La libertad de expresión, manifestación y asociación en riesgo

Por Jimena Vergara

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El reciente desalojo perpetrado por la Policía Federal y capitalina el pasado 13 de septiembre, solo tiene precedente en la toma militar de la plaza central de la ciudad el 27 de agosto de 1968, cuando los batallones de fuerzas aerotransportadas del ejército mexicano, desalojaron a más de 3000 estudiantes que exigían diálogo público con el entonces gobierno priísta encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. En ese momento, se acusó a los estudiantes de violentar el artículo 9 constitucional que, bajo la lectura de la Secretaría de Gobernación, estarían ejerciendo su “libertad de asociación” con “injurias, amenazas y violencia” al pernoctar en la plaza capitalina. En realidad, era una afrenta para el “principio de autoridad” y el orden establecido a sangre y fuego por los gobiernos del PRI, que una movilización popular tomara para sí la principal plaza de la ciudad de México. Por eso es escandaloso que, a más de cuatro décadas de acontecida la brutal represión a los estudiantes de aquella generación, un plantón de maestros sea desalojado porque el gobierno quería realizar un acto conmemorativo como el Grito de Independencia en la plaza; evidentemente, para EPN y los partidos del “Pacto por México”, era una afrenta que una manifestación popular mantuviera ocupado el Zócalo, a pesar de que estaba ejerciendo su derecho – ganado con sangre por las generaciones que nos sucedieron-, a la libre manifestación y asociación.

Durante los días posteriores, el Zócalo se mantuvo bajo ocupación policiaco militar para evitar que los maestros retornaran, según los dichos de los mandos de la Policía Federal, que se contradijeron en todo momento con las declaraciones de Miguel Ángel Mancera de que la ocupación se debía al acopio por la emergencia nacional. Así es que la histórica movilización del 2 de octubre, que sigue reclamando justicia para nuestros muertos, no pudo realizar su recorrido tradicional y además, se encontró en su camino con un operativo imponente de la Policía Federal y la Policía del GDF que devino en la violenta represión de aquel día y el encarcelamiento de una centena de manifestantes de los cuales hoy, una veintena enfrentan procesos penales plagados de irregularidades con denuncias de tortura y maltrato, como se ha acreditado por sus abogados y diversos organismos de Derechos Humanos.

El operativo policiaco en la marcha desplegó los métodos ilegales que ya hemos visto en anteriores manifestaciones: agentes infiltrados vestidos de civil, balas de goma, la utilización de gases para dispersar a los manifestantes, detenciones arbitrarias y tortura (que incluyen toques eléctricos). Son ya decenas de denuncias de periodistas y defensores de Derechos Humanos que fueron agredidos por las fuerzas policiacas; acciones propias de gobiernos autoritarios. El PRD capitalino, contra las aspiraciones democráticas de las masas de la Ciudad de México, está demostrando con creces que su lealtad está con el “Pacto por México”, recreando los mecanismos represivos que en el pasado, volvieron célebre al connotado represor Alfonso Corona del Rosal –regente del Distrito Federal en 1968– y a su cuerpo de granaderos.

Además, la ofensiva represiva se ejecuta también desde los medios masivos de comunicación que, recreando los años aciagos de represión priísta y mediante un uso macartista de la información, el lenguaje y el discurso, acusan a los manifestantes de vándalos, terroristas y malhechores (como se evidenció con la campaña contra la CNTE), estigmatizando la pertenencia a una u otra corriente ideológica o política y criminalizando a la juventud por su apariencia física, con el objetivo de generar base social para una suerte “guerra sucia” contra la disidencia.

No podemos obviar que, el gran peligro que enfrentamos, es que nos están arrebatando nuestro derecho a la libre manifestación y la libre asociación. Derechos democráticos elementales que no provinieron de la buena voluntad del Estado y mucho menos de los partidos de la llamada “transición democrática” (que nunca llegó), sino que fueron arrancados por la lucha de décadas de los trabajadores, los estudiantes, los campesinos y los indígenas de este país a la nueva burguesía gobernante que emergió al finalizar la revolución mexicana.

Y no podemos obviar que, detrás del creciente descontento social que se está expresando de Chiapas a Sonora, está el cúmulo de agravios recibidos por parte de esta “democracia para ricos” que violenta, una y otra vez, las garantías democráticas más elementales como el respeto al voto, el derecho a la libre manifestación, a la libre asociación, a la educación, la salud y a un trabajo digno. No es casual que, a partir de la emergencia del movimiento #YoSoy132 esté en marcha un fenómeno juvenil de gran profundidad, que no solo colma las aulas universitarias, sino que está llegando a las periferias urbanas donde millones de jóvenes, los más desprotegidos de la masa de pobres urbanos que pueblan los cinturones de miseria de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guadalajara, Monterrey o Chihuahua, viven en condiciones miserables y son despojados de cualquier posibilidad de futuro. Tendrán que dejar su juventud en las frías máquinas de la maquila, los deshumanizantes call center, el Walmart y el trabajo precario, ser carne de cañón del narco o resignarse al desempleo crónico.

En este contexto, la aplicación de la agenda política consensada entre los de arriba llamada “Pacto por México”, que está llenando de policías, militares y cuerpos de inteligencia el Distrito Federal como parte de un plan estratégico de controlar la capital del país, está siendo impuesta mediante una derechización creciente del régimen de la alternancia surgido en el 2000. Se están preparando las condiciones –naturalizando la presencia de los antimotines en el centro de la ciudad– para responder con “mano dura” al descontento social y seguir reproduciendo esta suerte de “neoliberalismo trasnochado” que no es otra cosa que la entrega del país a las trasnacionales extranjeras, arrebatando en su dinámica derechos conquistados, los cuales es menester defender.

Es fundamental que las organizaciones obreras, campesinas, de Derechos Humanos, indígenas, estudiantiles, juveniles y los intelectuales que se reclaman progresistas, despleguemos una gran campaña unitaria nacional contra la represión y la criminalización de la protesta social. Una campaña que, recuperando nuestro derecho a tomar las calles y a recrear nuestros métodos de lucha como los paros, las huelgas y la manifestación callejera, se pronuncie por la abrogación del artículo 362 del código penal (versión contemporánea del delito de disolución social), por la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos, como el profesor Alberto Patishtán y los presos del 2 de octubre, por la libertad de expresión, prensa y asociación (todos tenemos derecho a ser socialistas, comunistas, anarquistas o de la corriente ideológica que nos dicte nuestra conciencia), por el juicio y castigo a los represores y por la disolución de los cuerpos represivos.

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